Aún no entramos a la época crítica de incendios y ya se han levantado las alarmas por el aumento de quemas registradas en estos primeros meses del año. Con más de 15 mil focos de calor detectados a nivel nacional entre enero y abril de 2020 -de los cuales 12 mil corresponden solo a Santa Cruz- estamos bien por encima de la media de los últimos años, superando peligrosamente a 2019 en un 35% respecto al mismo periodo, según el monitoreo realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza.
Pese a la emergencia sanitaria por el COVID 19 que ha obligado a paralizar gran parte de las actividades productivas y económicas en todo el país, las quemas en áreas de uso agropecuario representan 94% del total registrado en el Departamento de Santa Cruz a la fecha. Si bien los focos de calor en bosques son de menor proporción, se han vuelto a registrar incendios en áreas protegidas que fueron severamente afectadas por el fuego en 2019, como Otuquis, el ANMI San Matías y Ñembi Guazu, poniendo en relieve la vulnerabilidad de estas áreas ante incendios que amenazan con volverse cada vez más frecuentes.
Estamos ante un escenario complejo que nos plantea desafíos sin precedentes. Los incendios de 2019 nos mostraron una nueva dimensión del comportamiento del fuego, donde las quemas provocadas para la habilitación de tierras y las condiciones extremas atribuidas al cambio climático configuraron los ingredientes para el desastre, frente a lo cual todos los esfuerzos y medios de combate y extinción desplegados resultaron insuficientes. Hoy la pandemia se suma a este escenario y nos deja un sistema debilitado y con mayores limitaciones y retos para el manejo de emergencias, que implican adecuar los planes de respuesta con protocolos de seguridad sanitaria y bajo las condiciones más adversas.
Los desastres nos recuerdan la importancia de invertir más en la prevención y reducción de riesgos, pero esto no suele ser una prioridad en las agendas políticas. Las decisiones y propuestas actuales para responder a la crisis que atraviesa Bolivia y reactivar la economía y el aparato productivo en un contexto de inseguridad alimentaria, amenazan con exacerbar aún más las presiones de desmontes y quemas para la expansión agrícola y los riesgos de incendios forestales, que a su vez representan un peligro para la salud. Esta debería ser una oportunidad para cambiar de enfoque y exigir políticas más efectivas, socialmente justas y responsables con el medioambiente, donde los esfuerzos conjuntos y coordinados entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil se tornan fundamentales para encarar la gestión de riesgos y el manejo integral del fuego en el país.
https://www.la-razon.com/voces/2020/05/13/mas-lena-al-fuego/
Verónica Ibarnegaray Sanabria